El Caso Atlas: Revelaciones y Tensiones en Catriel
El caso Atlas ha tomado un nuevo giro en Catriel, tras la denuncia penal presentada por el Tribunal de Cuentas ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Esta denuncia se centra en una compra significativa realizada por el Municipio a la empresa Atlas, por un total de $1.310.000.
La documentación divulgada por el Ejecutivo busca aclarar la operación, que consiste en la adquisición de artículos para la Fiesta Provincial del Petróleo. Según los documentos, el expediente incluye elementos como habilitación comercial, inscripción en el Registro de Proveedores Municipal, factura, orden de compra, orden de pago, y resolución municipal.
Desde el Municipio, se argumenta que este respaldo formal demuestra que la compra se realizó conforme a la normativa vigente, defendido por el secretario de Gobierno, Diego Pereyra, en una entrevista para Radio Ciudad 93.1. Pereyra asegura que el expediente fue aprobado previamente por el Tribunal de Cuentas en diciembre, subrayando la legalidad del proceso.
La posición del Ejecutivo cobra mayor relevancia en el contexto de críticas previas que lanzó la intendenta Daniela Salzotto hacia el Tribunal, considerándola parte de un “golpe institucional” que busca desestabilizar su gobierno en un clima electoral incipiente. Según el secretario, la denuncia carece de fundamentos suficientes y no se ha cometido ilícito alguno.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas adopta una postura distinta. Ramiro Peñalba, miembro del órgano, defiende la obligación de informar posibles irregularidades, pues no hacerlo podría acarrear consecuencias legales para ellos. Según Peñalba, la investigación no solo se limita a la factura en cuestión, sino que también indaga sobre posibles conflictos de interés y otros contratos que podrían haber pasado desapercibidos por el control del organismo.
La factura en el centro de la controversia corresponde a una compra realizada el 25 de noviembre de 2025, que incluye productos para la Fiesta Provincial del Petróleo. El debate se divide en dos ejes: el procedimiento administrativo de la compra y las sospechas del Tribunal sobre la idoneidad del proveedor y las compras en general.
La discusión no es aislada; se enmarca dentro de una serie de antecedentes en Catriel que involucran el control del gasto público y contrataciones. Ejemplos de esto son la investigación sobre la obra de pavimentación en barrio Preiss y otros debates sobre incompatibilidades en funciones públicas.
Dentro de los documentos también se encuentra la Memoria Anual del Tribunal de Cuentas, que detalla sus actividades de control, incluyendo 2.180 facturaciones visadas, 4 informes trimestrales y 3 cajas chicas. Mientras la Administración argumenta que su intervención es suficiente, el Tribunal sostiene que su vigilancia es esencial para asegurar la transparencia del proceso.
De esta manera, el caso Atlas comienza a configurar un complejo entramado de responsabilidades, donde tanto el Tribunal como el Municipio tienen sus respectivas narrativas sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el Poder Judicial ha confirmado la recepción de la denuncia, y se espera que el caso avance una vez esté debidamente registrado en su sistema.
En este contexto de tensiones políticas y administrativas, surge una interrogante clave: ¿Puede el Estado municipal garantizar que cada peso público se maneje con claridad y transparencia?
Para ampliar la información, VientoSur ha publicado entrevistas individuales con el secretario de Gobierno, Diego Pereyra, y el integrante del Tribunal de Cuentas, Ramiro Peñalba, donde ambos exponen sus posiciones respecto a este controvertido caso.
