Una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro ha generado un nuevo frente institucional en Catriel. Esta presentación se centra en presuntas irregularidades en compras y contrataciones entre la Municipalidad de Catriel y la firma Atlas.
El documento, fechado el 26 de mayo de 2026, incluyó un amplio cuerpo documental de 25 fojas útiles, que contiene observaciones del órgano de control municipal y documentación que respalda las alegaciones en cuestión.
Según se detalla en el escrito divulgado públicamente, el Tribunal solicita que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública. Además, destaca la necesidad de determinar responsabilidades que podrían involucrar a una funcionaria mencionada, a los titulares de la empresa contratista, así como a funcionarios o agentes municipales que hayan estado implicados en la autorización, tramitación o pago de las contrataciones objeto de las observaciones.
Uno de los aspectos cruciales de la denuncia es el requerimiento de medidas probatorias para esclarecer situaciones posibles de titularidad encubierta, conflictos de intereses, y beneficios económicos indebidos, que podrían perjudicar el patrimonio municipal.
Este caso no solo implica a individuos específicos; su relevancia radica en la crítica puesta sobre el circuito administrativo de compras, controles, autorizaciones y pagos en el Municipio. Esto plantea inquietudes sobre cómo se gestionan los fondos públicos y qué mecanismos de control existen realmente.
El caso Atlas no surge de la nada. La cuestión sobre el uso de fondos públicos y la relación con proveedores del Estado ha sido un debate recurrente en Catriel, especialmente en los últimos años, donde ha vuelto a ser tema central en la discresión pública.
Desde el comienzo de la actual gestión, la relación entre el Ejecutivo municipal y el Tribunal de Cuentas ha estado marcada por tensiones. En junio de 2025, la intendenta Daniela Salzotto cuestionó públicamente la idoneidad del Tribunal, sugiriendo que los integrantes carecían de la experiencia necesaria para desempeñar sus funciones. Esto generó un debate en el Concejo Deliberante sobre la revisión de sus miembros.
Meses más tarde, el conflicto se intensificó aún más. Según registros de VientoSur, surgieron nuevos intercambios hostiles entre el Ejecutivo y el Tribunal, en relación al acceso del órgano de control a la documentación pertinente y la efectividad del control previo sobre el gasto municipal.
Este contexto retador enfatiza la relevancia de la denuncia actual. Aquí no se tratará solo de una contratación aislada, sino del total funcionamiento administrativo que autoriza y realiza compras con recursos públicos. La tensión también resuena por la reciente objeción del Tribunal a un contrato artístico de $20 millones, que resultó en la cancelación del mismo por parte del Municipio.
Además, en las últimas semanas, surgió otro elemento crítico: los gremios municipales ATE, SOYEM y UPCN denunciaron presuntas irregularidades en Recursos Humanos, incluyendo pagos de haberes fuera del edificio municipal. Aunque este planteo no forma parte del expediente Atlas, refuerza la atmósfera institucional, marcada por llamados a la responsabilidad sobre procedimientos internos y la falta de respuestas oficiales.
La Carta Orgánica de Catriel establece que el control externo es responsabilidad del Tribunal de Cuentas, que tiene competencia sobre aspectos económicos, financieros y legales del sector público municipal. Este marco normativo plantea interrogantes serios sobre qué controles se han implementado, quiénes han intervenido y cómo se ha documentado cada pago realizado.
Otro aspecto crítico es la posible relación entre la firma contratista y una funcionaria del Municipio, dado que la Carta Orgánica prohíbe las incompatibilidades en los cargos electivos para aquellos que tienen vínculos con empresas proveedoras. Esto también incluye a los secretarios municipales, quienes deben cumplir estrictamente con los requisitos de elegibilidad y las normativas de incompatibilidad.
Entre una gestión y otra, Catriel continúa arrastrando un debate sobre los mecanismos de compra, control y rendición de cuentas.
La problemática no se limita a la gestión actual. En enero de 2024, la Municipalidad de Catriel denunció a exfuncionarios de la gestión de Viviana Germanier y a la empresa Incisa S.A. por supuestas irregularidades en una licitación pública, relacionada con la pavimentación de calles. Esto se centró en posibles incumplimientos de deberes y malversación de caudales públicos, donde el contrato fue adjudicado a INCISA S.A. por $254.847.000 con un único oferente.
Este antecedente corrobora que las preocupaciones sobre el control del gasto público en Catriel preceden al caso Atlas. Irregularidades se han documentado previamente en obras y procedimientos administrativos, y la administración actual ha denunciado varios casos, incluyendo faltantes de herramientas valoradas en $10 millones. Esto resalta la necesidad continua de una supervisión clara y efectiva en el uso de recursos.
En paralelo, la política local también ha estado marcada por debates sobre incompatibilidades y límites entre funciones públicas y contrataciones estatales. El caso de Christian Artero, denunciado por presuntas incompatibilidades entre su rol como concejal y su asesoría, ejemplifica las tensiones que surgen al mezclar lo público con lo privado.
La denuncia del Tribunal de Cuentas sobre las contrataciones con Atlas debe considerarse en un contexto más amplio: la dificultad persistente de Catriel para establecer sistemas de compras y rendición de cuentas que sean claros y confiables, independientemente de las fluctuaciones políticas.
Es fundamental señalar que ninguna de estas acusaciones implica automáticamente pruebas de delito ni transferencia de responsabilidades entre gestiones. En el caso de Atlas, será el Ministerio Público Fiscal quien deba revisar la documentación presentada y evaluar si corresponde continuar con la investigación.
Desde el Ejecutivo municipal, se ha mencionado que un comunicado oficial con novedades sobre la situación se hará público en breve. Este momento es especialmente delicado, ya que Catriel se encuentra en la segunda fase de su mandato, comenzando a entrar en la atmósfera previa al proceso electoral, aumentando la proyección pública de cada respuesta institucional.
A su vez, VientoSur ha solicitado acceso a la denuncia completa y confirmación sobre el estado del caso ante el poder judicial. Hasta el momento, estas respuestas siguen pendientes.
La situación en torno al caso Atlas, junto con otros reclamos administrativos, reabre un debate crucial que Catriel ha lidiado durante un tiempo prolongado: qué mecanismos hay para el control, quién es responsable de firmar, y cómo se rinde cuenta de cada peso que sale del Estado municipal.
Esta cuestión requiere ir más allá de comunicados o denuncias recíprocas; es vital que se establezcan controles eficientes, documentación pública y una rendición de cuentas que resista la exigencia de la ciudadanía y, de ser necesario, de la Justicia.
