En el ámbito económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los números hablan claro: la apertura de concursos preventivos de acreedores ha aumentado un asombroso 130% en 2025. Esta estadística inquietante, reflejada en un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA), señala que la situación no solo ha empeorado, sino que se anticipa un nuevo récord en la cantidad de empresas concursadas.
De acuerdo a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en 2025 se registraron 190 concursos, contrastando con los 82 del año anterior, lo que implica un incremento del 131.71%. Este descenso drástico en la resiliencia empresarial se resalta aún más si consideramos que en el primer trimestre de 2026 ya se han abierto 92 nuevos procesos concursales.
Este alarmante aumento no solo se refleja en el número, sino también en la capacidad de respuesta de las empresas ante la crisis. Los datos del informe indican que ya se han superado los números de concursos de los últimos años, una tendencia que evoca recuerdos de la grave crisis durante la pandemia de 2020 cuando se registraron 106 concursos a lo largo de todo el año.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, ha manifestado su preocupación: “La degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos son mucho peores de lo que anticipábamos. Si esta es la situación en la Capital Federal, la magnitud de la crisis en el resto del país aún está por verse”. Su llamado es claro: hay que actuar rápidamente para salvar a las empresas y trabajadores afectados por esta crisis inminente.
El informe también revela que la actual crisis ha llevado al cierre de aproximadamente 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026. Además, esta situación ha resultado en la pérdida de cobertura para 327.813 trabajadores, creando una crisis social de proporciones alarmantes.
En términos de inversión, la situación es todavía más preocupante. La contracción productiva ha llevado a un proceso de desinversión, generando un saldo negativo en la inversión extranjera directa, algo sin precedentes en los últimos 22 años. Empresas multinacionales han comenzado a abandonar el país, mientras que muchas empresas locales intentan adaptarse mediante la transformación de sus matrices productivas.
“El cierre de fábricas no solo destruye empresas, sino que también impacta negativamente en los trabajadores, sus familias y la comunidad en general”, dijo Rosato. Este efecto dominó es devastador no solo a nivel económico, sino en términos de bienestar social y comunitario.
Finalmente, el IPA ha exigido una intervención urgente del gobierno, específicamente del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Rosato ha solicitado al Congreso que apruebe de inmediato un proyecto de ley de emergencia económica para frenar el acelerado cierre de empresas y permitir la recuperación del capital de trabajo necesario para la supervivencia de las pymes.
El futuro de las pequeñas y medianas empresas en Argentina depende de decisiones legislativas y de la acción proactiva para enfrentar una crisis que amenaza con destruir el entramado productivo del país. Este es un llamado a la conciencia política y empresarial, donde la colaboración es clave para hallar soluciones efectivas.
