La litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo sigue en aumento, y el panorama es preocupante. Durante los primeros cuatro meses de 2026, se registraron casi 40.000 nuevas demandas judiciales contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Este volumen supera el ingresado en el mismo período del año anterior y, de continuar, podría marcar un nuevo récord histórico.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) ha expresado su alarma ante esta situación, subrayando que ni las reformas legales recientes ni las medidas implementadas en algunas jurisdicciones han conseguido revertir, hasta ahora, esta alarmante tendencia.
Según los últimos datos, durante el primer cuatrimestre de 2026 se acumularon 39.687 nuevos casos, de los cuales 12.727 se registraron solo en abril. Estos números reflejan un incremento del 2,3% en comparación con el mismo período de 2025, que ya había presentado altos volúmenes.
Históricamente, desde 2020, las demandas por riesgos del trabajo han aumentado un 200%. En un análisis más amplio, en 2003 se registraban cerca de 3.000 juicios al año, lo que pone de manifiesto un cambio radical en la actitud de los trabajadores frente a las injusticias laborales.
La distribución geográfica de las demandas es reveladora. En 2025, el 73% de las mismas se concentró en tres jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe. En los primeros cuatro meses de 2026, la provincia de Buenos Aires mostró una ligera disminución del 4,9% respecto al mes anterior, aunque sus niveles se mantienen similares a los de 2025. En contraste, CABA registró un aumento interanual del 9%, lo que indica una creciente litigiosidad en esta jurisdicción.
Entre las provincias con mayor volumen de juicios, Entre Ríos destaca con un aumento del 33% en el acumulado móvil de doce meses. Chubut y Santa Fe también se encuentran entre las provincias con un notable crecimiento, aunque Mendoza y Córdoba experimentan un descenso en sus números, en parte gracias a las medidas adoptadas para regular el sistema.
Uno de los datos más sorprendentes es la paradoja entre la mejora en los indicadores de seguridad laboral y el aumento de litigios. Desde 2017, los accidentes laborales han caído un 55% y las muertes en el trabajo un 80%, lo que ha permitido salvar aproximadamente 19.000 vidas y evitar más de 4,7 millones de accidentes. Sin embargo, el número de juicios sigue en aumento.
Al comparar estos datos con otros países, el fenómeno adquiere mayor relevancia. En Chile, por ejemplo, se presentan 5,8 juicios por cada 10.000 trabajadores y en España, 8,5. En Argentina, este indicador asciende a 132,8, lo que significa que la litigiosidad es 16 veces mayor que en Chile y 23 veces superior a la de España.
Desde la UART vinculan este problema a un enfoque judicial, concretamente al incumplimiento de la Ley 27.348, que establece la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) en cada jurisdicción. La ausencia de estos cuerpos permite que peritos externos fijen incapacidades al margen de los criterios oficiales, incentivando a elevar los porcentajes de incapacidad reclamados debido a que sus honorarios se calculan como un porcentaje de la indemnización.
Mara Bettiol, presidenta de la UART, aclara que “la clave para atacar la judicialización es eliminar la brecha entre lo que dice el perito judicial y el porcentaje de la comisión médica. Mientras esta brecha exista, habrá un incentivo a litigar”.
El impacto de esta situación también se refleja en los costos del sistema: alrededor del 45% de lo que pagan las ART en juicios se destina a intermediación. Por cada millón de pesos abonados en demandas, cerca de 450.000 quedan en ese circuito sin llegar al trabajador.
A pesar de las medidas recientes, como la Ley de Modernización Laboral aprobada en marzo de 2026, que introdujo cambios en el esquema de honorarios periciales y la obligatoriedad de los jueces de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema, los datos del primer cuatrimestre de 2026 muestran que aún no se tradujeron en una reducción del ingreso de nuevas causas. Este fenómeno puede explicarse, en parte, por el comportamiento habitual de acelerar los ingresos de causas antes de la entrada en vigor de nuevas regulaciones.
Algunas provincias han tomado la iniciativa de implementar reformas propias. En Santa Fe, por ejemplo, la Corte Suprema provincial juramentó a peritos médicos forenses, y la Legislatura aprobó una reforma del Código Procesal Laboral que reduce el plazo de caducidad a 90 días. En Buenos Aires, el fallo “Galarza” de la Suprema Corte busca unificar criterios y limitar los montos considerados desproporcionados. Mientras tanto, Mendoza anunció la ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial.
La implementación plena de los Cuerpos Médicos Forenses sigue siendo un desafío importante. La falta de funcionamiento efectivo en varias provincias perpetúa un sistema con criterios dispares, que, según la UART, es uno de los principales motores de la judicialización.
