En el corazón de Catriel, una controversia ha encendido los ánimos tanto en el ámbito político como en el administrativo. Ramiro Peñalba, integrante del Tribunal de Cuentas de Catriel, ha decidido alzar la voz en defensa de una denuncia penal que apunta a presuntas irregularidades en las contrataciones entre el Municipio y la firma Atlas. En una reciente entrevista con Radio Ciudad 93.1, conducida por Adriana Gordo, Peñalba subrayó que el organismo está cumpliendo con su deber y que ahora corresponde a la Justicia determinar si se ha incurrido en alguna ilegalidad.
La denuncia se halla en el marco del caso Atlas, un entramado de hechos que VientoSur ha documentado meticulosamente, ofreciendo tanto la documentación central como las posturas de ambas partes implicadas. Peñalba enfatiza que el rol del Tribunal no se limita a señalar un solo hecho, sino que abre la puerta a cuestionamientos más amplios, que incluyen la posible existencia de un conflicto de intereses.
Peñalba no se detuvo allí; destacó que la investigación no se centra únicamente en un documento específico, sino que pone en tela de juicio toda una serie de operaciones vinculadas a eventos como la Fiesta Provincial del Petróleo. Observando las redes sociales de la firma Atlas, el Tribunal identificó otros trabajos que la empresa realizó para el Municipio, lo que lleva a cuestionar la transparencia de las contrataciones. “No sabemos si estas operaciones pasaron por el filtro del control correspondiente”, aseguró Peñalba.
El integrante del Tribunal también subrayó la importancia de su compromiso con la Carta Orgánica de Catriel, pues ignorar una situación que consideran irregular podría implicar una responsabilidad institucional también para el organismo. Peñalba detalló que el Municipio había proporcionado información “muy sesgada” y que su demanda abarcaba diversos métodos de pago, desde la caja chica hasta los aportes no reintegrables. Sin embargo, su versión sostiene que hasta el momento solo han recibido información relacionada con una única boleta.
Por otro lado, la administración municipal ha defendido firmemente el expediente relacionado con la compra a Atlas, argumentando que posee el respaldo administrativo necesario. Esto se puede constatar en la nota publicada que presenta la respuesta de Diego Pereyra, quien sostiene que las acciones del Tribunal constituyen un “golpe institucional” y una antesala a una campaña política.
El cuestionamiento central del Tribunal reside en un punto crucial: no se trata solo de si una factura cumple con los requisitos formales, sino de si existe un vínculo, directo o indirecto, entre una funcionaria municipal y un proveedor del Estado local. Peñalba manifestó con firmeza: “Hay cosas que están mal hechas y están mal hechas”, criticando así la defensa pública ofrecida ante las acusaciones.
Hasta ahora, la denuncia ha sido formalmente presentada ante el Ministerio Público Fiscal. A partir de este momento, será la Justicia quien determine si hay suficientes elementos para avanzar en una investigación penal o si el asunto queda relegado al ámbito administrativo y político.
