El conflicto entre el Municipio de Catriel y el Tribunal de Cuentas ha ganado relevancia en los últimos días, luego de que se presentara una denuncia penal en relación a las contractaciones de la firma Atlas. En este escenario, Diego Pereyra, secretario de Gobierno, ha salido a defender la gestión del Ejecutivo, argumentando que las operaciones estaban respaldadas administrativamente.
Durante una entrevista con Radio Ciudad 93.1, conducida por Adriana Gordo, Pereyra no solo desestimó las acusaciones, sino que también insinuó que esta denuncia podría tener tintes políticos, afirmando que “esto es un golpe institucional y a la figura de la intendenta”, Daniela Salzotto.
La controversia se sitúa en el contexto del caso Atlas, un asunto del que se han presentado pruebas y puntos de vista enfrentados. Según Pereyra, el Tribunal ha estado cuestionando la gestión de Salzotto desde el inicio de su mandato, haciendo referencia a una serie de pedidos de informes que, según él, fueron debidamente respondidos.
Respecto al expediente sobre la contratación con Atlas, el secretario destacó que “este expediente de compra está aprobado por ellos en diciembre”, refiriéndose al Tribunal de Cuentas. Tal afirmación fue rápidamente desmentida por Ramiro Peñalba, quien argumentó que la denuncia no solo se basa en una factura, sino que también apunta hacia un posible conflicto de intereses que podría ser problemático.
Desde el Municipio, se asegura que existe suficiente documentación justificada que respalda el proceso de compra: habilitación comercial, factura, orden de compra, y otras resoluciones administrativas. Pereyra manifiesta que todos estos elementos demuestran que la operación fue formal y no se llevó a cabo de manera irregular.
La postura del Ejecutivo, según Pereyra, es clara: la denuncia carece de fundamento. Atribuyendo el reclamo a un movimiento político del Tribunal de Cuentas, incluso criticó de manera contundente la labor del organismo. “Daniela está tranquila, porque sabe que no se cometió ningún tipo de ilícito”, aseguró, mostrando confianza en la inocencia de la intendenta.
El Secretario de Gobierno enfatizó que el Municipio está abierto a la actuación de la Justicia, pero anticipó que, a su juicio, los elementos presentados en la denuncia no son suficientes para justificar una acción penal. “Por supuesto que la Justicia toma la denuncia, pero luego decide qué hacer con ella”, concluyó, mostrando una clara disposición hacia el examen judicial del asunto.
En última instancia, el caso ha sido elevado al Ministerio Público Fiscal, que se dispone a evaluar tanto la documentación enviada como las alegaciones del Tribunal y las respuestas del Ejecutivo. Será este organismo el que determine si se deben iniciar medidas de investigación sobre el conflicto suscitado.
