El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido un staff report en el que se aborda la reciente decisión del Gobierno de Argentina de postergar la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta decisión coincide con la salida de su ex titular, Marco Lavagna, lo que ha generado preocupación en torno a la calidad de las estadísticas económicas del país.
El FMI subrayó la necesidad de adoptar nuevas regulaciones para el Indec, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Según el organismo, “la calidad de los datos es, en términos generales, adecuada para las tareas de supervisión, aunque presenta algunas deficiencias”.
En términos de transparencia, el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la presentación de información financiera se han considerado aspectos positivos para fortalecer las estadísticas monetarias y financieras. Esto es clave para asegurar que las prácticas de la autoridad monetaria se alineen con las normativas contables tanto nacionales como internacionales.
El informe también menciona que, si bien las estadísticas fiscales son adecuadas para la supervisión, hay espacio para mejorar la información sobre operaciones menos visibles, como los pagos de intereses de bonos cupón cero. Esto es relevante, ya que la falta de información completa puede llevar a un panorama distorsionado del déficit fiscal, elevándolo a aproximadamente un 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) si se incluye este componente real.
A pesar de que las estadísticas son en general adecuadas, persisten brechas que complican la supervisión. El FMI señala que la prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado a la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual.
La actualización de las ponderaciones y categorías del IPC, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, iba a darle mayor peso a servicios como vivienda, transporte y comunicaciones, pero fue postergada indefinidamente. Esto ha generado incertidumbre en torno a cuándo se logrará alinear la medición con la realidad económica del país.
Según el FMI, las autoridades planean publicar el IPC actualizado una vez que el proceso de desinflación esté “firmemente consolidado”, lo que ha puesto en entredicho plazos y estrategias a corto plazo. En un informe de política monetaria emitido por el BCRA, se advirtió que el nuevo índice pretende aumentar significativamente el número de precios relevados y de informantes, lo que mejoraría su representatividad.
En octubre del año pasado, se había anunciado que el IPC actualizado se comenzaría a aplicar en enero, pero los eventos políticos y la salida de Lavagna complicaron esta implementación, dejando en el limbo una herramienta valiosa para la evaluación de la economía nacional.
Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía, comentó que el índice estaba listo para su lanzamiento en 2024, lo que pone de manifiesto aún más la confusión en torno a los planes del Gobierno. Además, se estima que, con el nuevo IPC, la inflación de abril habría sido del 3% en lugar del 2,6% que se reportó oficialmente, un cambio significativo impulsado principalmente por el aumento de los combustibles.
El FMI ha destacado que las cuentas nacionales presentan limitaciones, ya que el año base utilizado es desactualizado y esto afecta la precisión de los datos. Esto se traduce en una visión fragmentada de la economía, complicando la formulación de políticas adecuadas. Las estadísticas del sector externo también enfrentan desafíos, ya que los datos suelen estar disponibles con retraso y solo de manera trimestral para ciertos subsectores.
Finalmente, el FMI concluye que el marco institucional que regula al INDEC requiere una modernización esencial. El organismo ofreció su apoyo técnico para ayudar a mejorar no solo la calidad de los datos, sino también la confianza de los ciudadanos en las estadísticas públicas, un aspecto crucial para la estabilidad económica y financiera del país.
