Modificación de la Ley de Ética Pública en Río Negro
En la Legislatura de Río Negro ha surgido un proyecto ambicioso que busca cambiar la Ley de Ética Pública, con el objetivo de ampliar la información patrimonial obligatoria, digitalizar las presentaciones y facilitar el acceso ciudadano a la documentación de los funcionarios públicos en línea. Esta iniciativa marca un paso importante hacia la transparencia en la gestión pública.
Confidencialidad Actual
Bajo la normativa vigente, la Ley 3550 establece que las declaraciones juradas patrimoniales de jueces, legisladores y funcionarios no son de acceso público, manteniéndose bajo un estricto régimen de confidencialidad. El artículo 16 de esta ley estipula que el Tribunal de Cuentas debe preservar la confidencialidad de estos datos, permitiendo el acceso únicamente en situaciones excepcionales, como solicitudes del propio interesado o requerimientos judiciales.
Escasos Antecedentes Judiciales
A lo largo de 25 años, ha habido muy pocos intentos judiciales para abrir estas declaraciones. El caso más notable se remonta a 2014, cuando la justicia solicitó la documentación del exministro Daniel Sartor en una investigación de enriquecimiento ilícito, de la que finalmente fue sobreseído. Solo un exjuez, Luis Lutz, utilizó la opción de publicar su declaración, lo que evidencia la falta de iniciativas en este sentido.
Propuesta del ARI
El proyecto presentado por el líder del bloque ARI, Javier Acevedo, busca modernizar la Ley de Ética Pública. Este propone no solo ampliar los bienes que deben ser declarados, sino también publicar las declaraciones patrimoniales online. La propuesta se alinea con prácticas de otras regiones que han avanzado hacia una mayor transparencia.
Transparencia y Confianza
Acevedo destaca que la democracia depende de un contrato de confianza entre ciudadanos y funcionarios, demandando ética y transparencia en la gestión pública. Esta modificación incluye la obligación de declarar activos en criptomonedas, fideicomisos y otras inversiones que puedan generar conflictos de interés.
Digitalización y Accesibilidad
Las declaraciones juradas deberán presentarse en formato digital y ser publicadas en las páginas web oficiales del Estado. Esto facilitará el control por parte de la ciudadanía sobre el patrimonio de quienes ocupan cargos públicos. Acevedo argumenta que estas modificaciones son oportunas y necesarias para despejar cualquier grado de opacidad, dando así acceso a información crucial.
Información y Participaciones
Además, la reforma requiere que los funcionarios informen sobre sus participaciones en empresas, fundaciones y otros vínculos laborales que puedan产生 incompatibilidades. La necesidad de declarar antecedentes hasta dos años antes de asumir el cargo busca evitar situaciones de conflicto de interés, promoviendo la ética en la función pública.
Ejemplos a Seguir
Acevedo menciona que el Estado nacional ya permite el acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios, y señala a provincias como Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ejemplos a seguir en la implementación de políticas que fortalezcan los mecanismos de transparencia.
Resguardos de Seguridad
El texto del proyecto también contempla medidas para proteger datos sensibles relacionados con la seguridad personal y familiar de los funcionarios, como la ubicación exacta de propiedades y cuentas bancarias, evitando así posibles riesgos de seguridad.
Impulso a la Confianza Pública
La modificación de la ley puede ayudar a fortalecer la confianza pública y mejorar la relación entre los ciudadanos y las instituciones democráticas. Acevedo concluye que una adecuada publicidad de las declaraciones no solo refuerza el control ciudadano, sino que también protege a los funcionarios honestos frente a sospechas infundadas.
Esta reforma representa un paso significativo en la dirección correcta, buscando mejorar la relación entre la ciudadanía y sus representantes, promoviendo una cultura de transparencia en la gestión pública.
