En un preocupante caso de violencia de género, una mujer ha decidido dar un paso valiente al acusar a su padre por agresiones físicas y verbales, además de alegar prácticas de «brujería». A su lado, una amiga que vive con ella también se ha sumado a la denuncia, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas serias.
Las demandas por medidas protectorias fueron presentadas en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos, donde se ha reportado que ocurrieron los hechos. Este caso ha sido archivado bajo el Código Procesal de Familia, así como bajo la Ley Provincial 3040 y la Nacional 26485, que abordan la violencia familiar y de género, y ha sido remitido al Juzgado de Paz local para un tratamiento posterior.
Las denunciantes revelan que viven constantemente bajo la hostilidad del acusado, a quien identifican con las siglas CEA. Describe un patrón de comportamiento violento, que se ha visto agravado según ellas por sus problemas relacionados con sustancias. Sin embargo, un incidente dado el 24 de mayo fue considerado tan grave que las llevó a buscar ayuda urgente de las autoridades.
Tres piñas en la cara
En su declaración, la hija del acusado contó que ese día, alrededor de las 9 de la mañana, CEA se presentó en la casa que ella heredó de su madre, donde reside junto a su amiga y su hermana, quien tiene una niña de dos años. La mujer relató que su padre llegó “en una actitud agresiva”, gritando e intentando imponer un control en un hogar que no le pertenece.
La situación se tornó caótica cuando ella aseguró que él la “agarró del pelo, la arrastró y le pegó tres piñas en la cara”. Esta no es la primera vez que se producen tales agresiones; su comportamiento se ha vuelto habitual cada vez que él visita, generando un ciclo continuo de insultos y amenazas.
La amiga que también presentó su denuncia corroboró un relato similar, enfatizando la gravedad de la situación y el temor que sienten ambas por su seguridad.
Ante esto, el juez de Paz, Enzo Espejo, ha decidido que ambas denuncias se aborden de forma conjunta, y tras una evaluación preliminar, ha reconocido la “situación de riesgo” en la que se encuentran. La decisión se basa no solo en el incidente ocurrido recientemente, sino en que existen antecedentes de comportamientos similares que podrían potencialmente intensificarse en el futuro.
Medidas para resguardar a las víctimas
Como resultado de estas evaluaciones, se han dictado medidas cautelares para proteger a las denunciantes. En primer lugar, se ha ordenado a CEA que no se acerque a menos de 500 metros de la vivienda de las mujeres o de los lugares que frecuenten, ya sean públicos o privados. Además, se le prohibió cualquier tipo de contacto, ya sea por llamadas telefónicas o a través de redes sociales.
También se ha indicado que se someta a tratamientos psicoterapéuticos obligatorios para abordar la problemática de la violencia familiar y para que pueda comprender las implicancias de su conducta. Igualmente, se ha aconsejado a las denunciantes que busquen asistencia médica o psicológica y se les recomendó acudir al hospital local para asegurar su bienestar.
Estas medidas están vigentes por un período de 90 días, mientras que el caso continuará su curso en el Juzgado de Familia, donde se evaluará la situación a fondo y se determinarán los pasos a seguir.
